Parte de Prensa 05-05                     17 de Marzo de 2005

Despacho Senador

Nicolás Fernández

Dos temas fueron centrales ayer en el trabajo de la Cámara de Senadores, el primero de ellos estuvo vinculado con la modificación de la base imponible del impuesto al Gas Oil. La historia de este impuesto se origina en el año 2001, cuando por vía de decreto se establece una tasa para financiamiento de obras de infraestructura. Con posterioridad, la crisis económica imperante en el año 2002 obligó a utilizar un sistema de subsidios destinados a impedir el aumento de tarifas de transporte público de pasajeros. Seguido a ello y con el mismo fin, se dictó un nuevo decreto que estableció una modificación en la alícuota original de 5 ctvos para colocarla en un porcentaje cercano al  18, 5%.

En esta oportunidad se le dio status jurídico de ley a una tasa que tenía origen en decreto y que había comenzado a ser cuestionada judicialmente. Las críticas al presente proyecto partían de distintos representantes del interior que invocando preocupación por la rentabilidad del agro imputaban a este impuesto un efecto inflacionario. Está acreditada matemáticamente que al modificarse la base imponible y aplicar el 20.2 %, no sobre el precio final sino sobre el ITC, el efecto de su aplicación es absolutamente neutro.

Además, es importante destacar, conforme lo informó el Ministro de Planificación, Julio Devido, en ambos bloques de Senadores que este impuesto si bien no es coparticipable está directamente dirigido a desarrollar las rutas que el interior demanda, y  beneficia inmediatamente a las economías de esos distritos que no necesariamente tienen administraciones justicialistas. Por lo que en rigor de verdad, encontrar un fundamento serio en las trabas del abordaje legislativo, es bastante difícil. Ya que sin el impuesto que beneficia al interior del país, las obras se paralizan y si no hay obras, las cosechas de quien dicen defender tendrán otro costo, que la vista corta de algunos no alcanza a visualizar.

El segundo tema que marcó agenda en la Cámara de Diputados y Senadores fue el de la liberación impositiva destinada a la importación de Gas Oil por un total de 500.000 m³.

Lo primero que hay que aclara es que la cifra de metros cúbicos que se libera impositivamente no es caprichosa y resulta de una estimación entre el consumo previsto y la producción existente. Es necesario comprender que el contexto internacional en el que se sanciona esta ley está dominado por el precio internacional del petróleo que como es de conocimiento público, es mayor al precio del mercado interno. Esto obligó a que el Estado Nacional demande de las Cámaras Legislativas una herramienta que le permita asegurar abastecimiento y precio de Gas Oil.

Este incremento de consumo está originado en el crecimiento importante que han tenido las economías productivas y agrícolas del país, y la falta de inversiones en el mercado hidrocarburífero,  que generaron o generan en materia energética fallas estructurales y que fueron heredadas por este gobierno quien  está dando acabada prueba de encaminarse hacia su resolución definitiva.

En ese sentido es dable reconocer  las obras energéticas iniciadas como son: elevar la cota de Yaciretá, terminar Atucha , la creación de ENARSA, marco regulatorio de GLP, la obra CHOELE -CHOEL, Puerto Madryn – Pico truncado, ampliación de Salto Grande, EL Comahue Bs. As., el gasoducto del Norte y el Patagónico.

Seguramente con un país que invierte en obras de infraestructura y que obligue a que los empresarios efectúen las inversiones que demanda la reconversión del país estas medidas excepcionales dejaran de existir y podremos afirmar que la Argentina es otro país en donde el empleo dejó de ser un privilegio y la política un contrasentido.

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