Miércoles 14 de Junio de 2006.

Senado de la Nación
“LOS PATAGONICOS DEFENDEMOS EL BENEFICIO DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA”

Lo aseguró el senador Nicolás Fernández durante la sesión en la que se aprobó la exención del IVA a los combustibles.
Dijo que es para evitar la evasión en la comercialización.

La Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que exime del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los operadores de estaciones de servicio que utilicen métodos para evitar la adulteración de combustibles.
El proyecto autoriza a los dueños de esos comercios a tomar el costo de los elementos utilizados para el control de adulteraciones como pago a cuenta del IVA.
La intención es evitar que las estaciones de servicio reciban combustible adulterado o que este no corresponda a la zona del país donde se encuentra el local abastecido. En este caso, se quiere impedir que la nafta o el gasoil que corresponde a la Patagonia y que se encuentra subsidiado por el gobierno nacional, no sea vendido fuera del ámbito correspondiente.
Al respecto, el santacruceño Nicolás Fernández expresó que la iniciativa pone punto final a una larga discusión que tiene como origen el beneficio impositivo destinado a la utilización de combustibles en la zona patagónica. “El gobierno debería efectuar el control para evitar las adulteraciones pero en la práctica es mucho más efectivo que lo realicen los estacioneros. Hay que tener en cuenta, que la compensación juega, en este caso, una especie de cerrojo para que la obligación del control no sea cuestionable bajo ningún punto de vista”, sostuvo el legislador. Fernández hizo mención a las “bondades” de la iniciativa parlamentaria:” En el año 2000, se comercializaron aproximadamente 670 millones de litros de combustibles que estaban exentos al impuesto a la transferencia. En 2005 se incorporaron trazadores para detectar el destino final de los combustibles exentos y la comercialización de este combustible sólo alcanzó la suma de 150 millones de llitros. Lo que significa que se operó a partir del control, una reducción cercana a 460% entre combustible exento que se vendía en la República Argentina antes del control y el que se vendió con posterioridad al control. En otras palabras, esto representa una evasión estimada en más de 500 millones de pesos anuales”.
En la Argentina existen aproximadamente 5300 estaciones de servicio que si adquieren el reactivo, que torna obligatorio la AFIP por un costo de 300 pesos mensuales. Según cálculos estimativos, representaría un crédito a cuenta del Impuesto al valor Agregado a favor de las estaciones de 3600 pesos anuales que, multiplicados por las 5300 estaciones significarían para el Estado un costo fiscal de 19 millones de pesos contra los 500 millones de pesos que representaría el sistema de comercialización sin controles.
“Los trazadores deben estar instalados en toda la geografía nacional y no sólo en la Patagonia. Los patagónicos queremos defender el beneficio del impuesto a la transferencia de los combustibles, sin que esto signifique lo que ha significado en nuestro país, que por favorecer a las regiones geográficas más despobladas y alejadas, los comercializadores obtengan una puerta abierta a la evasión. Es difícil imaginarse que en la Patagonia se lleve un combustible distinto al que está dirigido a esa región, simplemente porque sería más caro”, expresó el senador santacruceño.